Ha arrancado en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio a 2 directivos de ESCAL-UGS, así como otros tres miembros del Consejo de Administración, en calidad de testigos, además del director del Observatorio del Ebro, por los presuntos delitos ambientales derivados de la plataforma Castor.
Tanto Del Potro como Martínez Dalamau han asegurado en el juicio que durante los días de la crisis sísmica, es decir, entre el 10 y el 13 de septiembre de 2013, cuando se llegaron a registrar más de 500 seísmos, siguieron las recomendaciones del Observatorio del Ebro, empresa con la que tenían conveniada la monitorización de los movimientos durante la inyección de gas, y que bajaron el caudal hasta la mitad.
Del Potro ha defendido la continua monitorización a tiempo real y el aval de distintos estudios e informes que indicaban que si no se superaban los 4,7 de magnitud no suponían riesgo. Ha explicado que no se llegaron a superar los 2,5 de magnitud y que, los que ha calificado como microseísmos y que estos no pudieron ser percibidos por la ciudadanía.
El juicio continuará en las próximas semanas en las que se celebrarán 11 sesiones, donde se solicitan hasta 6 años de prisión, más de 2 millones de Euros en indemnizaciones, así como la prohibición de los acusados y la empresa de ejercer trabajos submarinos y en la red gasística estatal.