Administraciones, gestores de áreas industriales y representantes empresariales debaten sobre el futuro de las ayudas, el papel de las EGM y los retos administrativos que condicionan la mejora de los espacios productivos
La modernización de las áreas industriales requiere una planificación a largo plazo, una colaboración más estrecha entre administraciones públicas y empresas, y un sistema de ayudas orientado a resolver las necesidades reales de los espacios productivos. Estas son algunas de las principales conclusiones del debate celebrado hoy en la sede de la empresa Gestión de Áreas Industriales by Romina Moya (GAIN), en el que ha participado el director general de Industrial, Julio Delgado, y el jefe de Promoción Industrial del IVACE+i, José Luis Arenas, junto a representantes de la Administración autonómica y municipal, gestores de Entidades de Gestión y Modernización (EGM), personal técnico y representantes del empresariado.
El encuentro ha permitido analizar las oportunidades y limitaciones de las subvenciones destinadas a mejorar los polígonos industriales, así como la necesidad de reforzar los modelos de gestión colectiva para garantizar que las inversiones respondan a prioridades concretas y generen resultados tangibles.
GAIN ha impulsado este encuentro como empresa gerente y/o consultora de una veintena de EGM y asociaciones empresariales en localidades como Valencia, Almussafes, Sollana, Albalat de la Ribera, Riba-roja, Onda, Almassora, L’Alcora, L’Alcúdia, Alzira, Ontinyent, Utiel, Algemesí, El Verger y Loriguilla.
Las subvenciones autonómicas constituyen una herramienta para incentivar la inversión municipal y reducir el esfuerzo financiero que supone la modernización de los polígonos industriales. Sin embargo, su aplicación está condicionada por la disponibilidad presupuestaria, los plazos administrativos, la normativa de contratación pública y los requisitos de ejecución y justificación.
Durante el debate se ha puesto de manifiesto la dificultad de ejecutar determinados proyectos dentro de una única anualidad presupuestaria, especialmente cuando requieren la redacción de proyectos técnicos, licitaciones, contratación de obras y coordinación entre diferentes organismos.
Por ello, le director general de Industria, Julio Delgado, ha planteado la conveniencia de “reforzar la planificación anticipada entre ayuntamientos y EGM, identificando las inversiones prioritarias y organizándolas por fases. Esta metodología permitiría disponer de proyectos preparados para su ejecución y adaptar la financiación municipal cuando se concedan ayudas”.
Priorizar inversiones estratégicas frente a actuaciones de escaso impacto
Otro de los mensajes centrales del encuentro ha sido la necesidad de orientar las ayudas hacia actuaciones que mejoren de manera efectiva la competitividad, la seguridad y la funcionalidad de los espacios industriales.
La renovación de firmes y viales, la mejora del drenaje y de las infraestructuras pluviales, la eficiencia energética, la adecuación de las zonas verdes y las soluciones de seguridad y digitalización se encuentran entre los ámbitos que pueden requerir inversiones estratégicas.
En este contexto, se ha advertido sobre el riesgo de impulsar intervenciones secundarias únicamente para obtener puntuación en las convocatorias, en lugar de concentrar los recursos en los problemas que afectan directamente a las empresas y a la actividad logística.
La finalidad de las ayudas debe ser generar mejoras verificables y duraderas, evitando inversiones que no respondan a una necesidad operativa o que tengan un impacto limitado sobre el conjunto del área industrial.
Asimismo, se ha recordado que estas subvenciones deben destinarse a los conceptos de inversión admitidos en cada convocatoria, sin confundirlos con gastos corrientes de mantenimiento o funcionamiento ordinario.
También se han señalado las dificultades que generan la falta de personal técnico, la acumulación de expedientes y la complejidad de los procedimientos de contratación, factores que pueden retrasar actuaciones necesarias para las empresas.
En ese sentido, la directora general de GAIN y gerente de varias EGM, Romina Moya, ha señalado la importancia de que las entidades puedan tener “más autonomía en la planificación y ejecución de proyectos para poder agilizar los trámites, siempre en colaboración con la administración”.
Más coordinación, transparencia y profesionalización
El debate ha puesto de relieve que la modernización industrial no depende únicamente de la disponibilidad de recursos económicos. También exige estructuras de gestión sólidas, voluntad política, transparencia y una comunicación permanente entre las administraciones y el tejido empresarial.
Entre las propuestas planteadas destacan la elaboración de agendas de inversión plurianuales entre ayuntamientos y EGM, el intercambio de buenas prácticas entre gestores, la mejora del acceso a la información registral y catastral y el desarrollo de herramientas de digitalización que contribuyan a la gestión y la seguridad de las áreas industriales.
Asimismo, se ha señalado la conveniencia de que las bajas económicas producidas en las licitaciones puedan aprovecharse, cuando la normativa lo permita, para incorporar mejoras que incrementen el alcance y la calidad de los proyectos.
Una visión compartida para fortalecer el tejido industrial valenciano
La sesión ha evidenciado que la mejora de los polígonos industriales requiere superar una visión basada exclusivamente en convocatorias anuales y avanzar hacia una estrategia de inversión sostenida, con objetivos definidos y responsabilidades compartidas.
Las EGM se consolidan como interlocutores relevantes para trasladar las necesidades empresariales, contribuir a la definición de prioridades y colaborar en la transformación de los espacios productivos. Para que este modelo alcance todo su potencial, resulta necesario que las administraciones dispongan de herramientas eficaces, que las empresas participen activamente y que los proyectos se diseñen con una perspectiva de medio y largo plazo.
El objetivo común es avanzar hacia áreas industriales mejor equipadas, más seguras, sostenibles y competitivas, capaces de responder a las necesidades actuales de las empresas y de atraer nuevas inversiones al territorio valenciano.
