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Emergencia energética: la Generalitat apoyará a los ayuntamientos para optar a 600 millones de ayudas

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Emergencia energética: la Generalitat ofrecerá asistencia a los ayuntamientos para optar a los 600 millones en ayudas estatales para reducir el consumo de energía en los edificios públicos

 

  • El director general de Administración Local anima a las corporaciones locales a acogerse a un programa que busca disminuir un 30 % el consumo de energía primaria no renovable en edificios públicos
  • Antoni Such destaca que la actual convocatoria, para la que se ha abierto ya el plazo, adquiere una especial relevancia ante la emergencia energética que vive Europa tras la invasión de Ucrania

 

Manifestació a Vinaròs 18-03-2022

La Generalitat ofrecerá asistencia técnica a los ayuntamientos que lo requieran para la tramitación de solicitudes de las ayudas  estatales destinadas a las entidades locales para la rehabilitación sostenible de sus edificios de titularidad pública.

Precisamente el Ministerio de Agenda Urbana publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes 11 de marzo estas ayudas, dotadas con un importe global de 600 millones de euros provenientes del fondo asignado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

El director general de Administración Local, Toni Such, ha animado a las corporaciones locales a solicitar estas ayudas, convocadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y pertenecientes al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que buscan renovar el parque de edificios de titularidad local y reducir un 30 % el consumo de energía primaria no renovable en estas instalaciones.

 

Al respecto,  Such, ha señalado que “la Generalitat colaborará con asistencia técnica con los municipios en la tramitación de las solicitudes”, y ha subrayado que, en el actual contexto de crisis energética que vive la sociedad europea como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, “estas ayudas adquieren una especial relevancia, porque están enfocadas para que los municipios puedan rehabilitar sus edificios públicos y mejorar su eficiencia energética”.

Los ayuntamientos y diputaciones tendrán un plazo de 45 días naturales para solicitar las ayudas de la primera línea presupuestaria del programa, presupuestada con una consignación de 250 millones de euros; y de 90 días naturales para presentar la solicitud de ayudas de la segunda línea, de 350 millones, a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en BOE.

 

Asimismo, el director general de Administración Local Antoni Such ha resaltado que “la rehabilitación integral no solamente repercute en la estructura y belleza de los edificios públicos”, sino que también en lo hace en “la mejora del servicio público que ofrecen a los ciudadanos”.

 

Dos líneas de ayudas

Las subvenciones establecidas en esta convocatoria se estructuran en dos líneas. La primera de ellas dispone de un presupuesto de 250 millones de euros, y los ayuntamientos y diputaciones tendrán hasta el 25 de abril de 2022 para presentar las solicitudes. Las actuaciones susceptibles de ser financiadas con cargo a esta línea deben estar finalizadas y disponer de acta de recepción de obra antes del 30 de septiembre de 2024.

 

La segunda de ellas dispone de un presupuesto de 350 millones de euros, y el cierre de la convocatoria será el 9 de junio de 2022. Las actuaciones susceptibles de ser financiadas con cargo a esta línea deben estar finalizadas y disponer de acta de recepción de obra antes del 31 de marzo de 2026.

 

Objetivos PRTR

Además, para contribuir a los objetivos finales del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR, las actuaciones a financiar deben ser solventes técnica y financieramente para que estén efectivamente implantadas y en funcionamiento antes del cuarto trimestre de 2024 las más tempranas, o del segundo trimestre de 2026.

 

Asimismo, además de conseguir un ahorro energético de más de un 30%, entre los requisitos de aplicación de las actuaciones destaca el de disponer de un plan de gestión de residuos, que suponga la preparación para la reutilización, reciclaje o valoración de, al menos, un 70% de los residuos no peligrosos que puedan generarse en el desarrollo de las obras.

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