Una reforma celebrada, aunque con demandas pendientes
Las principales organizaciones del sector han valorado positivamente la reforma, aunque señalan que no recoge todas sus peticiones. Desde Plena Inclusión España, que representa a más de 950 asociaciones siendo una de ellas AFANIAD Maestrat, se habían planteado propuestas que finalmente se incorporaron al texto, como la obligación de acompañar a las personas con discapacidad intelectual en su preparación para la jubilación, un nuevo criterio de tiempo de espera para acceder a las prestaciones del SAAD, o la compatibilidad entre empleo y prestaciones.
Desde Autismo España, aunque celebran la inclusión de la formación específica en autismo y el reconocimiento de la atención temprana como derecho, advierten de que
quedan demandas sin resolver: piden que el propio diagnóstico de autismo dé acceso a determinados apoyos sin depender del reconocimiento administrativo de un grado de discapacidad, reclaman procedimientos de valoración más ágiles y transparentes, y lamentan que la reforma no elimine el copago ni reduzca el IVA de los productos de apoyo a la autonomía personal. La confederación también pide que, en su desarrollo autonómico, se tenga en cuenta el arraigo familiar y comunitario de las personas a la hora de asignar plazas y recursos.
La mirada desde el territorio: el caso de AFANIAD Maestrat
Para entender lo que esta reforma significa sobre el terreno conviene bajar a la escala de una entidad social como AFANIAD Maestrat, asociación de inclusión social con sede en Vinaròs (Castellón) que atiende a personas adultas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista en la comarca del Baix Maestrat a través de programas como PAVI (Programa de Atención para la Vida Independiente) y CAMINS, de inserción sociolaboral.
Entidades de este tipo llevan meses inmersas en procesos que ilustran precisamente la brecha entre lo que la ley reconoce en el BOE y lo que se traduce en autorización, financiación y funcionamiento diario en cada comunidad autónoma.
Cuya experiencia acumulada permite anticipar dónde puede hacer fricción la nueva reforma estatal: medidas como la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, la ampliación de la asistencia personal como servicio de catálogo o el reforzamiento de la teleasistencia solo cobrarán vida real cuando la Comunitat Valenciana —y el resto de comunidades— adapten sus propios decretos, catálogos de servicios y procedimientos de autorización a lo que ahora marca la ley estatal. Para una entidad pequeña o mediana del tercer sector, cada cambio normativo estatal implica, en la práctica, revisar de nuevo su Proyecto Global, sus protocolos y su cartera de servicios para ajustarlos a la normativa autonómica que finalmente los desarrolle. La previsión, recogida también en el propio texto, de que el IMSERSO impulse formación específica en autismo para los equipos profesionales del sistema de dependencia es una de las medidas que estas entidades seguirán con más atención, dado que trabajan a diario con perfiles de apoyo especializado en TEA.
Qué falta para que entre en vigor
Este es, precisamente, el punto que conviene subrayar: la aprobación en el Congreso no equivale a la aplicación inmediata de la reforma. Solo el aumento de las cuantías estatales del Real Decreto-ley 17/2026 está ya en vigor, desde el 1 de julio de 2026. La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, en cambio, ha completado ahora su tramitación parlamentaria, pero antes de llegar a las personas usuarias debe recorrer un camino adicional:
- Desarrollo reglamentario estatal. Varias medidas —el nuevo reconocimiento automático de discapacidad, el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, la figura del facilitador procesal o las acciones formativas del IMSERSO— necesitan reales decretos u órdenes ministeriales que concreten plazos, requisitos y procedimientos.
- Adaptación autonómica. La gestión de los servicios sociales, la autorización de centros y programas, y la elaboración de los Programas Individuales de Atención son competencia de las comunidades autónomas. Hasta que cada comunidad no actualice sus propios decretos y catálogos de servicios, muchos de los derechos reconocidos en la ley estatal no tendrán una vía administrativa concreta para hacerse efectivos.
- Dotación presupuestaria suficiente y sostenida. Tanto Plena Inclusión como Autismo España insisten en que los avances normativos solo se traducirán en mejoras reales si van acompañados de una financiación estable en el tiempo, no solo del incremento puntual ya aprobado para 2026-2027.
- Cumplimiento de los plazos comprometidos. El propio Gobierno se ha marcado como objetivo reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y eliminarlas en 2028, un calendario que dependerá en última instancia de la capacidad de gestión de cada comunidad autónoma.
En definitiva, la reforma marca un cambio de rumbo importante sobre el papel, pero su recorrido real —el que notarán las personas con dependencia o discapacidad y las entidades que las atienden en el día a día, como ocurre en comarcas como el Baix Maestrat— dependerá de que ese desarrollo normativo autonómico y esa financiación sostenida lleguen a materializarse en los próximos meses.
Fdo.: Silvia Eva Guerrero
Coordinadora AFANIAD Maestrat
